Aunque el tratamiento de la controvertida ley SOPA (Stop Online Piracy Act) fue suspendido por el Congreso de los Estados Unidos, sus autoridades buscan de cualquier manera frenar toda actividad que permita a los usuarios de internet acceder a archivos (películas, música, software, libros) de forma gratuita. La redada contra las oficinas centrales del popular portal Megaupload.com son un paso más en ese sentido.
El FBI arrasó con las instalaciones del site, visitado cada día por unas 50 millones de personas y que sumaba un total de mil millones de usuarios fieles, cifras similares a las de sus subsidiarios Megavideo y Megaporn. Además, empleados de la compañía fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia, acusados de los cargos de violación de las leyes anti piratería. Cada uno de ellos podría ser condenado hasta a 50 años de cárcel.
La firma (que reunía al 4 % del total de usuarios de internet) está acusada de haber causado pérdidas por 500 millones de dólares en términos de derechos de autor no reconocidos.
Los siete individuos arrestados y las dos corporaciones -Megaupload Limited y Vestor Limited- ya habían sido acusados formalmente por un gran jurado del distrito este de Virginia el pasado 5 de enero, bajo cargos de "conspirar para un crimen, conspirar para violar derechos de autor, conspirar para lavar dinero", además de dos cargos de violación criminal de derecho de autor, informaron ambas dependencias.
La SOPA, la PIPA y las leyes anti-piratería de los EE.UU.
Los proyectos de ley Stop Online Piracy Act y Protect Intelectual Property Act están pendientes de aprobación en el Congreso y el Senado norteamericanos, y tienen como objetivo terminar con la piratería y el robo de material protegido por derechos de autor.
Apartados clave de la ley SOPA
1. Imponen a los proveedores de internet ejercer de "vigilantes" para detectar las páginas que compartan contenido ilegal y les otorga inmunidad a los proveedores de internet si bloquean portales de usuarios que no hayan cometido delito.
2. El Gobierno podrá cerrar páginas alojadas en EE UU y que permitan las descargas de contenido protegido por derechos de autor, violando por tanto la propiedad intelectual, aunque sus dueños residan en el extranjero.
3. El Departamento de Justicia podrá cerrar páginas web sin orden judicial así como impedir que cobren beneficios de anunciantes, bloquear dominios de internet y hacer que buscadores como Google eliminen esas páginas de los resultados de búsqueda.
4. El Gobierno de EE UU podrá impedir el uso de las herramientas empleadas por ciudadanos de China o Irán para burlar la censura.
En la práctica, la ley responsabilizaría a aquellos buscadores, portales y páginas que publiquen links a contenido protegido y otras webs de descargas. A través de una orden judicial, cualquier productora de cine que descubriera que una página ofrece copias ilegales de sus películas, podría obligar a Google a eliminarla de los resultados del buscador.
Sitios como Facebook, YouTube o Flickr deberían responder por el contenido que recomienden los usuarios en cuanto haya sospecha de que viola la propiedad intelectual. Los usuarios, por tanto, serían responsabilizados al compartir-en páginas personales, redes sociales y correos electrónicos- links a webs que alojen copias ilegales, aunque no las hayan hecho ellos mismos ni se beneficien económicamente de su distribución.
La comunidad tecnológica de EE UU lidera la oposición a las leyes. Mozilla, Twitter, la Fundación Wikipedia, Yahoo!, Facebook, Ebay, AOL, Zynga y hasta 55 inversores y más de 200 emprendedores manifestaron al Congreso su preocupación por el posible impacto de la legislación en el mercado. Allí, la controversia de los textos de las dos normativas convirtieron en aliados a grupos de políticos tan poco comunes como la excandidata republicana Michelle Bachman, la demócrata y exportavoz de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el aspirante presidencial republicano Ron Paul, y Darrell Issa, miembro de la derecha más conservadora y uno de los grandes opositores de SOPA. A favor de la legislación también se unieron el veterano demócrata Patrick Leahey, el republicano y candidato a las presidenciales de 2008 John McCain, el independiente Joe Lieberman y el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid.
La Cámara de Comercio de EE UU, uno de los grandes grupos a favor de la legislación, alega que la piratería cuesta a los negocios norteamericanos más de 135.000 millones de dólares al año.
Las leyes SOPA y PIPA, ambas creadas para salvar puestos de trabajo de diferentes industria, podrían eliminar empleos al crear incertidumbre por obligar a las empresas a destinar más tiempo al control y vigilancia de todo el material que compartan los usuarios. También defienden que el Gobierno de EE UU podría ordenar el bloqueo de páginas web utilizando métodos parecidos a los empleados en China o Irán y que, a pesar de todo, la nueva legislación no impediría las copias ilegales.Finalmente, advierten que las leyes podrán fragmentar internet, censurar la Red, dificultar la innovación en industrias que tradicionalmente se han beneficiado de la libertad online y porque suponen una intervención demasiado amplia por parte del gobierno en los derechos de los ciudadanos.