Cinco motivos para la expropiación

Por Marc Gavaldá

La reciente expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF por parte del Gobierno argentino, que tanto ha irritado al clientelismo político español, tiene dilatados antecedentes de injusticia social e impunidad ambiental practicada por Repsol durante más de una década. Recopilamos algunos fragmentos de un recorrido por los campos petroleros de Repsol en la Argentina, publicados en mi libro Viaje a Repsolandia, que ya daban motivos para la mentada expropiación.

1. Lo que el viento se llevó

YPF tenía más de 55.000 trabajadores, de los que solo quedaron unos 6.000 después de la privatización. Ciudades petroleras como General Mosconi, Tartagal, Luján de Cuyo, Berisso, Ensenada, Cutral-Có, Plaza Huincul, Berisso y Caleta Olivia fueron afectados por la caída de empleos y la red social que sostenía la YPF estatal.

Con las privatizaciones, las compañías energéticas se beneficiaron de la tecnología, infraestructura y nivel de reservas hidrocarburíferas que el Estado les había entregado, y no invirtieron un centavo para desarrollarlas.

En términos zoológicos, podríamos catalogar a Repsol como una sanguijuela de la Argentina. Sólo durante el año 2002, en el peor momento de la crisis, mientras millones de argentinos se empobrecían, ganó US$ 2.096 millones de utilidad a nivel global, de los cuales más de la mitad provenían de sus operaciones en ese país.

2. El sobreprecio del GLP

En la Argentina instauraron un oligopolio. Antes, YPF embotellaba las garrafas de Gas Licuado de Petróleo y las distribuía en camiones por los rincones más remotos del país, donde nunca ha llegado la red de gas natural. En cambio, ahora una sola empresa (Repsol-YPF) tenía el 55 por ciento de la producción, el 64,2 por ciento del transporte y el 78,2 por ciento del almacenamiento. En la Argentina, entre 13 y 15 millones de personas no tienen acceso al gas natural. Y según la Defensoría del Pueblo de la Nación, la transferencia directa de los precios hacia los consumidores generó un beneficio empresario de más de US$ 4.600 millones en los últimos años.

Literalmente, se trata de una transmisión de dinero de los más pobres a los más ricos producto del oligopolio energético. Repsol se enriquece vampirizando a los pobres.

3. Los conflictos de Caleta Olivia

Con una población de 40.000 habitantes, la desocupación en Caleta Olivia se multiplicó desde que YPF fue regalada por Menem a Repsol, Pan American y Vintage Oil, dueños de la terminal TERMAP desde donde diariamente se bombea casi dos millones de dólares de petróleo a los barcos exportadores. Esta ciudad ha sido escenario de conflictos sociales que luego se repitieron en la vecina población de Las Heras. Las familias ex petroleras, hoy día desocupadas, debían conformarse —en el mejor de los casos— con los planes asistenciales para vivir. Tuvieron que organizarse como piqueteros y movilizarse por empleos.

4. Oligopolio repsoliano

La ley de hidrocarburos en la Argentina era tremendamente beneficiosa para las transnacionales. Comparando con Bolivia, en conflicto social permanente desde la guerra del gas de 2003 por un reclamo popular de elevar las regalías del 18% al 50% —que de todos modos pareció insuficiente— sorprende conocer que en la Argentina privatizada, desprendida de YPF que alimentaba la mitad del Tesoro General de la Nación, las regalías no superaban el 12 por ciento.

5. Impunidad ambiental

Las compañías petroleras, que mantienen la mitad del presupuesto público, han operado con impunidad ambiental. Desde 1982, YPF explotaba el yacimiento Loma de la Lata, un bloque de 33.000 hectáreas con más de 100 pozos, siendo el primer productor de gas de la Argentina. En el interior de esta tupida maraña de rutas camioneras, planchadas con pozos, caños, piscinas de crudo, depósitos y otra infraestructura petrolera, habitan desde mucho antes las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil, que ocupan 440 hectáreas aisladas en el interior del lote petrolero. En 1995, una familia de la comunidad Paynemil, perforó un pozo de agua para consumo y se encontró que la piscina de residuos de producción de un pozo petrolero había contaminado la napa freática. La demanda civil de US$ 404 millones para la reparación ambiental de las comunidades ha seguido un lento camino judicial en los despachos provinciales.

Gavaldá, documentalista y escritor catalán, es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de "Viaje a Repsolandia" (2006).