La argentinidad petrolera

Por Andrés Fidanza

El primer mandamiento del llamado Decálogo Menemista de la Reforma del Estado enseñaba que "¡nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del estado!". Con ese entusiasmo lo afirmó hace veinte años el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi en la Casa de Gobierno y por cadena nacional. A su derecha, con un traje color cemento, Carlos Menem miraba tímidamente para abajo y sonreía como un chico. Eran los días del acople perfecto entre los principales centros de poder global y local. Y el humor social mayoritario por supuesto que también acompañaba el ánimo privatista. Una carambola triple que más tarde se denominó pensamiento único de libre mercado. Ahora, con nueve años de kirchnerismo político y cultural encima, la frase dromista resultaría insostenible: básicamente, por piantavotos. Y que Dromi haya asesorado al ministro de Planificación y flamante interventor de YPF, Julio de Vido, sirve más que para volver a comprobar la abrumadora elasticidad ideológica del PJ que para invalidar la prédica mercadointernista del oficialismo. Veinte años después del apoyo (casi) automático a las privatizaciones, entonces, el peronismo kirchnerista se dispone a expropiar la última gran joya de la abuela estatal: YPF, la mayor empresa argentina, a la vez que la más cargada de argentinidad sensiblera. Una jugada que, como las privatizaciones menemistas anunciadas por Dromi, acumula una altísima aprobación social y hace sonar las alarmas de una pregunta provocadora: ¿cuál es el riesgo de instalar un nuevo pensamiento único, pero de sentido político inverso al de los ‘90?

Al día siguiente del enjundioso discurso de Cristina Kirchner, el sociólogo y encuestador Artemio López muestra que el 75,9 por ciento de sus encuestados aprueba la decisión; que un módico 12,2% se opone y que al 8,2% le resulta indiferente. Desde la vereda opuesta en el barrio de las consultorías, M&S Consultores (fundada por Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo) le responde con otras cifras y opiniones: "La inversión se viene desacelerando: pasó del 16% al 4% en el último trimestre, y esta expropiación chavista de YPF es un verdadero fierrazo a la inversión", declara ante Newsweek Facundo Martínez Maino, economista jefe de la consultora.

El meneado fantasma bolivariano operó sobre la exposición presidencial, regada de épica y sorpresa. CFK enfatizó que "no es una estatización" y se ocupó de enumerar la larguísima lista de países con control mayoritario de sus recursos hidrocarburíferos (Arabia Saudita, Irán, China, Venezuela, México, Chile, Uruguay, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Noruega, Rusia y Brasil, algunos con un nivel de seguridad jurídica difícilmente más sólido que el de la Argentina), con el objetivo de librar de aires chavistas la expropiación de Repsol. Y de paso, consagrarla como un hito más en la tira sagrada del ciclo kirchnerista: el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la reestatización del sistema jubilatorio, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, la Ley de Medios y la Asignación Universal por Hijo.

"Después del pensamiento único neoliberal que entregó los recursos naturales en los ‘90, hay un consenso de época más estatizador", concede el director de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Di Tella, Sebastián Etchemendy. Pero aclara que no todos los progresismos latinoamericanos son equiparables: "Las nacionalizaciones de Chávez y Cristina son muy distintas, porque las argentinas son selectivas y mixtas, con intención de asociarse a los grandes capitales privados".

Desde 2003 a la fecha, el kirchnerismo no se metió con las telefónicas, con las empresas eléctricas, ni con las de gas. Pero sí recuperó, por diversas vías, el Correo, Aguas Argentinas, algunos ferrocarriles y Aerolíneas Argentinas. El criterio de selección kirchnerista respondió —según el propio discurso— a las deficiencias flagrantes en el servicio.

Hacia delante, es más que incierta la suerte de las futuras sociedades entre YPF y los grandes actores del mercado hidrocarburífero, Shell, Exxon, las chinas CNOOC, Sinopec; y Petrobras, entre otras. Una categoría en la que nunca estuvo Repsol: desde su nombre alargado, Refinería de Petróleos y Solventes, la empresa española ya evidencia su falta de experiencia y vocación por la parte de la exploración, la más costosa del trabajo petrolero. "El capital internacional va a venir; por pragmatismo, pero va a venir", apuesta un veterano consultor, experto en el mercado de los hidrocarburos. Además, existe un paradigmático antecedente de joint venture por conveniencia: el convenio de la California Argentina de Petróleo S.A., subsidiaria de la empresa norteamericana Standard Oil de California, con el segundo Gobierno peronista, en mayo de 1955.

En la fundación Pensar, el think tank macrista, son más bien pesimistas sobre el futuro de YPF. "Esperemos a que termine este ciclo hegemónico de intervención del Estado a ver cómo nos fue", desafía Sebastián Scheimberg, coordinador del Área de Energía de la Fundación ligada a PRO y al Partido Popular español de Mariano Rajoy. Scheimberg, quien trabajó en Repsol-YPF durante casi una década, también reclama "mayor estabilidad y continuidad en las políticas de Estado, menos volatilidad y zarpazos de un extremo a otro".

A la pregunta sobre los peligros concretos de la expropiación –de la "medida petropopulista" o "expolio", como la definieron indignados medios españoles–, Federico Bernal, autor de libro Petróleo, Estado y soberanía (y bisnieto de quien descubrió el petróleo en la Argentina), responde atacando: "¿Cuáles son los riesgos de no expropiar?". Y se explaya: "Que el país se torne inviable". ¿Por qué? "Porque el año pasado se importó 9.000 millones de dólares en gas natural y combustibles"; y porque YPF, "responsable de un 34% de la producción de crudo, 23% de la producción de gas, 55% de la refinación total y de igual porcentaje en materia de comercialización de combustible, no puede seguir en manos de una administración ineficiente y extranjera".

La expropiación de YPF, "la empresa más prestigiosa del país" según seguía rezando la página web de Repsol, figuraba en la carpeta kirchnerista desde los tiempos de Roberto Lavagna como ministro de Economía. La situación de default la demoró. Otros dos intentos (fallidos) de nacionalización indirecta —la creación de Enarsa, en 2004; y la incorporación compulsiva del Grupo Eskenazi como accionista de Repsol-YPF— sólo sirvieron para dilatar la decisión. Después, la floja performance de la firma en términos de inversión terminó por ser funcional al Gobierno: centralizaron las culpas y expiaron las viejas (y propias) responsabilidades.

El economista Ricardo Aronskind, director del Programa para el Seguimiento de la Crisis del Orden Económico Mundial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, también minimiza las consecuencias negativas de la decisión cristinista, y apenas pronostica "algunas medidas comerciales contra la Argentina, juicios de dudoso futuro, declaraciones altisonantes y el consabido discurso de la inseguridad jurídica". Pero una vez que Repsol alcance un acuerdo por el precio de sus acciones (el Gobierno ya adelantó que será menos de los US$ 10.000 millones que difundió la empresa), Aronskind piensa que "toda la cháchara se termina".

Y si bien reconoce el cambio de sentido común dominante respecto al rol del Estado, Aronskind explica que para que exista un pensamiento único equivalente al de los ‘90 debería existir un poder global tan importante que fuera capaz de colonizar el mundo académico, a los medios de comunicación y partidos políticos.

El doctor en Sociología e investigador del CONICET en la UBA Ricardo Sidicaro aporta que mientras el pensamiento único era "una ideología pregonada desde los centros mundiales de la globalización económica y sostenida por los sectores socioeconómicos predominantes internos, hoy existen condiciones objetivas que favorecen la recuperación de mayores márgenes de autonomía nacional". Resultado de ese salto de época: "el surgimiento de iniciativas como la nacionalización de YPF", que consiguen una derivación electoralmente positiva: sumar legitimidad popular.

Desde una izquierda crítica del kirchnerismo, el sociólogo y analista político Gabriel Puricelli postula que más que una programática fiel a la época, la nacionalización de YPF es un sino de los Gobiernos que nacen sin un programa claro y van improvisando sobre la marcha, como si encarnaran un vago "espíritu de los tiempos" más que proyectos. Aunque a Puricelli no le da la mismo una gestión privada que "sólo atiende al apetito de accionistas anónimos" que la de un Estado, "que pretende perdurar en el tiempo". En conclusión: "nada garantiza que la gestión estatal sea la solución, si no está orientada por metas de larguísimo plazo y una ética pública sujeta al escrutinio y la rendición de cuentas a los ciudadanos".

A veinte años de un speech dromista que fue la quintaesencia del liberalismo económico, la expropiación de YPF representa un sentido común opuesto al noventista. El paisaje del poder global, sin embargo, no muestra la misma unanimidad que en los tiempos menemistas. Las explosivas protestas españolas —aunque debilitadas por la propia crisis y sin solidaridades europeas de peso— así lo evidencian. Y a 90 años de la fundación de YPF, la "nueva" YPF carga con un signo de interrogación respecto a las enormes inversiones que la expropiación exigirá, y enfrenta un creciente déficit en la balanza energética. Así, a la dupla De Vido-Axel Kicillof le tocará un marco bien distinto al del antecesor más ilustre en el cargo: el general Enrique Mosconi.