La protesta de los trabajadores del Mercado Regional incluyó la quema de gomas en la avenida 520 Por Martín Soler
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La Justicia Penal de La Plata ordenó la detención de dos empresarios acusados de generar disturbios que mantuvieron paralizado y tomado el Mercado Regional de La Plata a principios de marzo pasado, en el marco de un proceso de licitación para concesionar el servicio de carga y descarga de los camiones.
La medida recayó sobre Daniel "El Loro" Vila y Nelso "Cachete" Strella, quienes están imputados de graves delitos como "privación ilegal de la libertad y coacción agravada", confirmaron fuentes judiciales a
Diagonales.com. El primero es un sindicalista alineado con Hugo Moyano. El segundo un empresario.
El pedido de detención fue solicitado por el fiscal Marcelo Romero y avalado por la jueza de Garantías Marcela Garmendia. La medida fue apelada pero la Sala III de la Cámara Penal de La Plata avaló todo lo actuado por la instancia primaria y dio vía libre a las detenciones.
El fiscal dio por probado que "en el transcurso de los días 4 y 5 de marzo" pasado, dentro del predio de 520 y 116 dos hombres amenazaron e intimidaron con dos objetivo: "que los representantes" de la Municipalidad de La Plata "incumplieran la adjudicación realizada mediante proceso licitatorio en favor de la empresa Yavu"; y que se declare ganador de la licitación "a la firma Smart Bridge".
"Tal maniobra, además, trajo aparejada que la firma que ganara en la licitación, no iniciara sus actividades en el plazo indicado, con el consiguiente perjuicio patrimonial para el erario municipal", describió Romero en la causa a la que accedió este diario digital.
El fiscal detalló que "un grupo integrado por unas treinta personas armadas con gomeras y palos -que en forma organizada eran lideradas y arengadas-" por los acusados, amenazó, dañó bienes del Mercado y un patrullero "e incendió un vehículo" municipal "a fin de intimidar a las autoridades del Mercado y -de este modo- lograr que los representantes del Municipio no concretaran la concesión pretendida".
En otro pasaje de la causa los investigadores dieron por probado que los manifestantes "privaron de la libertad a las autoridades y empleados del Mercado, como así al notario que se encontraba ejerciendo su función de fedatario en el establecimiento, valiéndose de uso de violencia y amenazas".
Pruebas. Toda esta secuencia de hechos de violencia fueron grabadas por las cámaras de seguridad que están instaladas en el predio de Tolosa.
Además un empleado del predio declaró que Vila ingresó a su ofician al grito de "acá la única empresa que va a laburar es Smart Brigde, sino te vamos a prender fuego y a matar".
Otro testigo aseveró que "el señor Daniel Vila es el Secretario General del Sindicato de Carga y descarga de Mercaderías, y uno de los que coordinaba y comandaba las revueltas y desmanes que se produjeron en el lugar, junto a 'Cachete'". Vila pertenece a un gremio que en la interna sindical nacional está alineado al camionero Hugo Moyano, actual titular de la Confederación General del Trabajo (CGT).
"'El Loro' Vila y 'Cachete' eran los que amenazaban de muerte" y "los que daban las órdenes al resto de la gente, eran los cabecillas, los instigadores", narró otro empleado del Mercado en el marco de la causa.
A todos estos relatos se suma el de otro trabajador quien recordó que hubo "amenazas de muerte" y que en otras ocasiones "estuvieron unos seis meses a los tiros a quien intentaba regularizar" la actividad de carga y descarga dentro del predio.
"De ser necesario lo harían nuevamente y la única solución para destrabar el conflicto es que la actividad, tanto de la carga como la descarga de la playa libre y los puestos fijos se desarrollada única y exclusivamente por la empresa Smart Bridge", dice el expediente, acompañado por decenas de fotos de autos dañados y otros prendidos fuego por los manifestantes
La orden de detención lleva varias semanas de análisis en la Justicia local. La defensa de los acusados presentó un pedido de exención de prisión que fue rechazado por la jueza de Garantías, por entender que la gravedad de los delitos investigados sumados a la pena en expectativa y a la violencia desplegada, hacen inviable el beneficio.
"Cachete" Strella presentó un escrito a la jueza en el que señaló: "Tengamos mucho cuidado que las decisiones judiciales que se tomen no sean involuntariamente influenciadas por el poder político".
La defensa nuevamente apeló el revés judicial ante la Cámara Penal, que avaló todo lo actuado por el fiscal y la jueza del caso.
