Murió el fiscal de Estado Ricardo Szelagowski y ya se busca reemplazante. ¿Falbo o Casal?
Política /
Ricardo Szelagowski tenía 84 años y permanecía internado desde hacía varios días en el Instituto del Diagnóstico por una complicación respiratoria.
La procuradora Falbo junto al fallecido Fiscal de Estado Alfredo Silletta
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En las próximas horas, el gobernador Daniel Scioli deberá decidir quien ocupará el cargo del fallecido Fiscal de Estado Ricardo Szelagowski. El funcionario falleció en La Plata, a los 84 años, y el gobierno bonarense deberá buscar un reemplazante de manera inmediata por la trascendencia que tiene el cargo.
Se sabe que la actual procuradora de la Corte, María del Carmen Falbo, siempre aspiró a ese puesto y quizás sea una salida elegante de su cargo ya que últimamente es muy cuestionada por el kirchnerismo en la Legislatura. Otro de los que aspirarían al cargo es el actual ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, también cuestionado por el kirchnerismo.
Tanto Falbo como Casal tendrían así una salida elegante dentro del sciolismo, y el kirchnerismo vería este movimiento con buenos ojos.
Desde la oposición seguramente plantearán que el cargo debería ser para ese sector pero cuando fue elegido Szelagowsi, de origen radical, lo hizo otro radical, el gobernador Armendáriz.
El fallecido Ricardo Szelagowskifue nombrado justamente por el gobierno de Alejandro Armendáriz en 1987. De extracción radical, nunca realizó una denuncia penal contra actos de corrupción en las licitaciones llevadas a cabo por la Provincia.
La actual Constitución de la Provincia de Buenos Aires contempla en su artículo 155 la existencia de un funcionario que denomina "Fiscal de Estado", al cual instituye como defensor de los intereses patrimoniales del Estado Provincial. Dicha norma dispone: "Habrá un Fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado".
El Fiscal ejerce la representación del Estado, y de sus entes descentralizados, en todos los juicios en los que actúa como demandado o como demandante.
También interviene en las actuaciones que tramitan ante las autoridades administrativas en las que se hallen comprometidos los intereses patrimoniales del Fisco.
Finalmente, tiene la facultad de impugnar judicialmente las decisiones administrativas que considere dictadas en contra de la Constitución, las leyes o los reglamentos.
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